Se realiza depuración del Padrón de Proveedores para fortalecer la transparencia en contrataciones públicas
Como parte de la nueva política de integridad empresarial impulsada por el Gobierno para fortalecer la transparencia, la competencia leal y la confianza en las contrataciones públicas, se depuró el Padrón de Proveedores, derivada de la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Esta medida es parte de una estrategia integral promovida por la Contraloría, que busca garantizar que las empresas que participan en procedimientos de contratación con el gobierno mantengan información actualizada, acrediten plenamente su existencia y capacidad operativa, y cumplan con los principios de legalidad, honestidad e integridad que demanda el ejercicio de los recursos públicos.
Al cierre de 2025, el padrón estatal contaba con 8,440 registros de proveedores. Con la reforma se estableció una vigencia de dos años para las inscripciones, obligando a los interesados a realizar un trámite de canje para conservar su registro vigente. Concluido el plazo establecido en la Circular No. 005, el 15 de junio de 2026, 4,668 registros dejaron de tener efectos legales al no realizar el procedimiento de actualización correspondiente. La depuración permitió identificar que solo 2,155 proveedores realizaron el trámite de canje o actualización, mientras que 4,668 registros perdieron su vigencia en el padrón. Adicionalmente, se mantienen 283 registros cancelados y 1,656 bajas acumuladas. Como resultado de este proceso, al 17 de junio de 2026, el Padrón Estatal de Proveedores se compone de 2,237 registros vigentes, consolidando una base de datos más confiable y actualizada.
Es importante señalar que los registros cancelados corresponden a procedimientos realizados de manera permanente, con resoluciones publicadas mensualmente en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, como parte de los mecanismos de control y actualización del Padrón Estatal de Proveedores. Durante el proceso de revisión, se identificaron registros con varios años de antigüedad, algunos desde 2015, sin actualización documental ni evidencia reciente de actividad empresarial que justificara su permanencia en el padrón.
Además de la actualización documental, el procedimiento de canje incorporó criterios de integridad empresarial que permiten fortalecer la confiabilidad de las contrataciones públicas. Entre ellos se incluyen la verificación de posibles conflictos de interés entre servidores públicos y proveedores; la detección de proveedores o representantes legales que comparten domicilios, accionistas o elementos que pudieran evidenciar simulación de competencia; la acreditación de trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y la comprobación de la existencia real del giro comercial o actividad económica declarada, evitando la participación de empresas de papel o sin capacidad operativa efectiva.
Álvaro Bardales destacó que esta acción representa un paso importante en la consolidación de una cultura de integridad en las relaciones entre el sector público y el sector privado. “La integridad empresarial no solamente se exige a los servidores públicos; también debe formar parte de quienes desean contratar con el gobierno. Hoy no basta con presentar documentos; es necesario acreditar que existe una empresa real, con actividad económica auténtica, sin conflictos de interés y con capacidad para cumplir los compromisos que asume con la administración pública”, afirmó.
La depuración permitió consolidar una base de datos integrada exclusivamente por proveedores que acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, fortaleciendo los mecanismos de control, transparencia, rendición de cuentas y prevención de riesgos en las adquisiciones gubernamentales. Es relevante mencionar que el Padrón de Proveedores es un registro único en Hidalgo y de observancia obligatoria para todos los entes públicos estatales y municipales. Por ello, la actualización permanente de su información es una herramienta estratégica para garantizar condiciones de legalidad, competencia y transparencia en las contrataciones realizadas por las dependencias, organismos descentralizados, entidades y ayuntamientos del estado.
Con estas acciones, la Contraloría reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y la mejora continua de los procesos administrativos, consolidando una política de integridad empresarial que contribuye a cerrar espacios a la simulación, prevenir actos de corrupción y asegurar que los recursos públicos sean ejercidos con eficiencia, legalidad y honestidad en beneficio de las y los hidalguenses.
