Autoridades de Santa María Xigui imponen toque de queda y restringen el libre tránsito
Autoridades auxiliares de la comunidad de Santa María Xigui, perteneciente al municipio de Alfajayucan, implementaron de manera unilateral un «toque de queda» que restringe el libre tránsito de los ciudadanos. La medida impone multas de hasta 20 mil pesos a quienes se encuentren en las calles de la zona centro después de las 23:00 horas. Esta restricción entró en vigor de forma inmediata tras la difusión de una circular firmada por el delegado y subdelegado de la localidad.
De acuerdo con el documento emitido por las autoridades vecinales, la drástica medida se tomó tras la supuesta detección de «personas sospechosas y ajenas a la localidad» en fechas recientes, lo que, según argumentan, pone en riesgo la seguridad de los habitantes. Las sanciones establecidas son de 20,000 pesos de multa y arresto para aquellos foráneos que no puedan acreditar su residencia y sean sorprendidos en la vía pública sin justificación después de la hora límite. Para los residentes de Santa María Xigui, la multa asciende a 10,000 pesos.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Alfajayucan no ha emitido una postura oficial sobre este ordenamiento. Fuentes locales indican que se desconoce si la delegación consultó la medida con el gobierno municipal o si se aplicó de forma restrictiva bajo el amparo de los usos y costumbres de la región del Valle del Mezquital. Según el Artículo 11 y el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la restricción de garantías individuales y el libre tránsito son facultad exclusiva del Ejecutivo Federal con la aprobación del Congreso de la Unión; ninguna autoridad municipal, ejidal o comunal tiene la facultad legal para decretar estados de excepción o «toques de queda».
Este incidente coloca a Alfajayucan en el centro del debate nacional sobre los límites de la autonomía comunitaria frente al derecho constitucional. Mientras los comités vecinales justifican la acción ante la falta de patrullajes eficientes por parte de la policía municipal, la medida podría abrir la puerta a posibles detenciones arbitrarias, extorsiones y violaciones graves a los derechos humanos de trabajadores, transportistas y ciudadanos en tránsito.
