La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exige acciones ante la crisis de desapariciones en México

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lamentó que en México haya 135 mil 105 personas desaparecidas, más de 72 mil restos humanos sin identificar y miles de fosas clandestinas. Sostuvo que la magnitud de esta crisis exige acciones inmediatas y coordinadas. “Las instituciones tienen la responsabilidad de brindar respuestas oportunas, fortalecer las investigaciones, mejorar las capacidades forenses y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, señaló en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La diputada presidenta afirmó que, ante este panorama, es necesario que el Estado mexicano realice una mayor inversión en tecnología, así como en presupuesto focalizado para encontrar a las víctimas y en brindar garantías de seguridad para las madres buscadoras, quienes realizan labores que corresponden, en muchas ocasiones, a las instituciones públicas.

López Rabadán subrayó que también es indispensable atender de manera prioritaria y sin sesgos políticos a los colectivos, organizaciones y víctimas. “Escuchar sus demandas es un paso importante, pero el objetivo debe ser traducirlas en resultados concretos”, abundó. Recordó que la crisis de las desapariciones en el país está en la agenda internacional, pues el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido indicios fundados de que las desapariciones podrían estar ocurriendo de forma generalizada o sistemática, además de señalar niveles alarmantes de impunidad.

Por ello, insistió en que la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, las fiscalías especializadas y las instituciones forenses deben actuar con urgencia y coordinación. Finalmente, reconoció que se haya recibido a madres buscadoras y planteó la necesidad de dar más pasos hacia adelante, como ampliar el diálogo para conocer de primera mano sus demandas y, sobre todo, atender sus planteamientos con acciones concretas. “Cada día sin resultados prolonga el dolor de miles de familias que continúan esperando respuestas y exigiendo justicia”, concluyó.

Instalan Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Senado

Diputadas y diputados, así como senadoras y senadores, participaron en la instalación de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, presidida por el senador Eugenio Segura Vázquez (Morena). En el acto realizado en la Cámara de Senadores, Segura Vázquez mencionó que esta comisión se propone reconocer los avances, señalar los retos pendientes y contribuir a que la política de seguridad del Estado mexicano sea más eficaz, coordinada y respaldada democráticamente. Indicó que, como presidente, su función será atender las áreas de oportunidad y construir acuerdos sólidos, plurales y democráticos que permitan fortalecer el régimen de seguridad nacional.

Para ello, propuso abrir el análisis para actualizar la Ley de Seguridad Nacional, con el fin de que refleje el nuevo mapa institucional del Estado mexicano y distinga con claridad entre seguridad pública y seguridad nacional. También planteó trabajar en una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso General y en el desarrollo de un reglamento interno que establezca reglas claras y permanentes de funcionamiento para la Comisión. Otro de los objetivos es establecer una relación sólida y una agenda de trabajo con el Centro Nacional de Inteligencia que facilite el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Seguridad Nacional, así como el conocimiento de sus informes y auditorías.

Durante su intervención, Humberto Coss y León Zúñiga, diputado de Morena, expresó su satisfacción por formar parte de la Comisión, que será un espacio para analizar y acompañar las políticas del Estado mexicano en materia de seguridad nacional. “Como legisladores, tenemos la honrosa tarea de supervisar un rubro fundamental para el bienestar y desarrollo del país y de colaborar entre las cámaras de Senadores y de Diputados, ya que la seguridad nacional debe entenderse desde una perspectiva multidimensional”, subrayó.

El diputado Eruviel Ávila Villegas (PVEM) hizo votos para que esta Comisión trabaje en beneficio de la ciudadanía, destacando que la seguridad es un tema de gran relevancia para los mexicanos, y pidió a los tres niveles de gobierno cerrar filas en esta materia. La senadora Verónica Noemí Camino Farjat (Morena) detalló que el objetivo de la instancia es analizar el marco normativo en materia de seguridad nacional y empoderar a los cuerpos de seguridad como la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por su parte, la senadora Juanita Guerra Mena (PVEM) señaló que la instalación de la Comisión Bicamaral permitirá actualizar y armonizar la Ley de Seguridad Nacional y otros reglamentos que ayuden a preservar la soberanía nacional. El senador Enrique Vargas del Villar (PAN) consideró que la seguridad pública no debe ser un tema de partidos políticos, y destacó que la constitución de esta Comisión Bicamaral es esencial para lograr coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La diputada Amalia López de la Cruz propone reforma para actualizar la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

La diputada Amalia López de la Cruz (Morena) busca reformar el artículo 2 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para armonizar esta legislación con lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política, incorporando la definición vigente de pueblos indígenas. La reforma plantea actualizar el concepto de lenguas indígenas para incluir que son aquellas que “proceden de las colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”. También incluye aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación, como está señalado en el artículo dos de la actual Ley.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que las lenguas indígenas constituyen uno de los principales patrimonios culturales del país, ya que representan formas de conocimiento, tradiciones, cosmovisiones y sistemas de organización que han sido transmitidos de generación en generación. Destaca que México es una nación pluricultural con una de las mayores riquezas lingüísticas del mundo, al contar con 68 lenguas indígenas nacionales agrupadas en 11 familias lingüísticas y más de 364 variantes, por lo que la pérdida de una lengua implica también la desaparición de una forma única de comprender y relacionarse con el mundo.

En el documento, turnado a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, explica que, aunque la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce y protege las lenguas originarias, actualmente contiene una definición del término “pueblos” que no coincide plenamente con la establecida en el artículo 2° de la Constitución. Esta diferencia genera ambigüedades en la interpretación de los derechos lingüísticos y puede limitar el alcance de las acciones destinadas a garantizar su protección.

Subraya que las reformas constitucionales aprobadas en las últimas décadas han ampliado progresivamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, particularmente la reforma de 2024 que los reconoce como sujetos de derecho público con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo, la legislación secundaria aún requiere ajustes para reflejar plenamente estos avances.

La propuesta también retoma datos que muestran la relevancia de la población indígena en México. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 39 millones de personas se identifican como indígenas y alrededor de 7.4 millones hablan alguna lengua originaria. No obstante, diversas lenguas enfrentan riesgos de desaparición debido a la disminución de hablantes y al debilitamiento de su transmisión entre generaciones. Con esta modificación se busca fortalecer la certeza jurídica, eliminar inconsistencias normativas y consolidar un marco legal que garantice de manera más efectiva los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios de México.