Proponen aumentar penas por fraudes digitales que afecten a adultos mayores
Las personas adultas mayores son uno de los sectores más vulnerables ante el aumento de fraudes digitales. El diputado federal Emilio Suárez Licona reveló que alrededor del 33 por ciento de las quejas por posibles fraudes bancarios corresponde a personas de 60 años y más. Esta situación llevó al legislador a proponer un incremento en las penas para este delito cuando se cometa mediante medios electrónicos. Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Suárez Licona advirtió que los fraudes representan una amenaza directa al patrimonio de miles de ciudadanos que dependen de una pensión o de ahorros acumulados durante décadas.
El legislador priista indicó que las personas mayores representan aproximadamente el 12.8 por ciento de la población nacional, pero participan de manera desproporcionada en las reclamaciones por fraudes bancarios. Según los datos que presentó, siete de cada diez fraudes financieros se llevan a cabo a través de medios digitales, utilizando estrategias diseñadas para generar confianza y obtener información personal, bancaria o financiera. Entre las modalidades más comunes se encuentran llamadas telefónicas alertando sobre supuestas compras con tarjetas, mensajes sobre presuntos intentos de hackeo y falsas ofertas de recompensas económicas.
Suárez Licona destacó que la situación se vuelve más grave cuando las víctimas son personas adultas mayores, ya que la pérdida de sus ahorros o ingresos puede resultar en un golpe difícil de recuperar, afectando directamente su estabilidad económica. Citó cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, que reportó 33.5 millones de delitos en México durante 2024. En este contexto, el fraude alcanzó una tasa de 7,574 víctimas por cada 100,000 habitantes, superando otros delitos como el robo y la extorsión. También mencionó que en el primer semestre de 2025 se registraron más de 3.82 millones de reclamaciones relacionadas con fraudes financieros, con pérdidas económicas estimadas en 16,678 millones de pesos. Dentro de esas quejas, el 33 por ciento correspondió a personas de 60 años y más, una proporción 2.5 veces mayor al peso demográfico de este sector.
Frente a esta situación, Emilio Suárez Licona presentó una iniciativa para adicionar el artículo 386 Bis al Código Penal Federal, con el fin de establecer sanciones más severas cuando el fraude se cometa mediante medios electrónicos y la víctima sea un adulto mayor. La propuesta plantea incrementar hasta en una tercera parte, tanto el mínimo como el máximo de las penas previstas para el delito de fraude bajo estas circunstancias. El legislador argumentó que esta modificación busca fortalecer la protección jurídica de los adultos mayores y responder a una modalidad delictiva que explota el uso creciente de herramientas digitales para vulnerar el patrimonio de las víctimas. La iniciativa será analizada por la Cámara de Diputados en el proceso legislativo correspondiente.
