Un juez federal tomó medidas contra el vicealmirante Manuel Roberto «F» y nueve miembros de la Secretaría de Marina, acusados de pertenecer a una red delictiva relacionada con el contrabando de combustible en Tampico, Tamaulipas. Durante una larga audiencia, se descubrió que permitieron la entrada ilegal de grandes cantidades de diésel, haciéndolo pasar por otro tipo de sustancias. El delito fue catalogado como parte de una organización criminal dedicada a actividades ilícitas con hidrocarburos, aunque se tomaron en cuenta circunstancias que podrían favorecer a los detenidos. Se identificó que varios de los acusados tenían roles de liderazgo en la red, siendo responsables de designar personal en aduanas y recibir sobornos. Testimonios como el de Rubén Guerrero Alcántara, asesinado en noviembre de 2024, resultaron fundamentales para revelar estas prácticas corruptas. Además, se señaló que en el período 2024-2025 se permitió la entrada ilegal de diésel disfrazado como aditivo, causando perjuicio económico al país. Durante estas operaciones, diversas autoridades y personas involucradas habrían recibido pagos para facilitar la actividad delictiva.
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