PACHUCA DE SOTO, 03 DIC /REPORTE CÍVICO/.- La discusión sobre la pena de muerte en México cobra relevancia debido a la creciente violencia y la percepción de inseguridad. Asael Ortiz Lazcano, profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señaló que a pesar de su abolición en compromisos internacionales, varios sectores de la sociedad la ven como una posible respuesta a los delitos graves en el país.
Ortiz Lazcano destacó que la pena de muerte ha sido parte de las sociedades desde la transición a la vida sedentaria, con culturas como la griega, romana o mexica que la utilizaban como medida común. Aunque inicialmente no se mencionaba en las primeras constituciones mexicanas, su aplicación estaba vigente, limitada a casos no políticos. Fue en 1917 cuando se propuso restringirla al ámbito militar, aunque los jueces preferían otros castigos.
Hasta finales de la década de 1970, muchos países comenzaron a abolirla, lo que influenció la postura mexicana. La presión de organismos internacionales llevó a la cancelación de la pena de muerte en 2005, con el compromiso de no reinstaurarla, aunque esta decisión no surgía de una demanda social.
A nivel internacional, más de 50 países aún aplican la pena capital, principalmente en Asia y África, variando su aplicación según el contexto. Algunos lugares la ejecutan de inmediato tras determinar la culpabilidad, mientras que en otros los condenados pasan largos períodos en el «corredor de la muerte», con un fuerte impacto psicológico.
Ortiz Lazcano realizó encuestas en Hidalgo para explorar la percepción sobre la pena de muerte, encontrando apoyo significativo en la población a pesar de su abolición. Esta medida es respaldada como solución para delitos como violaciones, secuestros, homicidios y corrupción, especialmente en menores de edad.
El estudio reveló que el apoyo a la pena de muerte es mayor entre personas con educación media, hombres entre 18 y 50 años y mujeres adultas en el ámbito laboral. Aunque hay rechazo hacia penas más leves, la población prefiere la pena de muerte como herramienta para combatir la violencia, a pesar del riesgo de aplicaciones incorrectas. Ortiz mencionó que esta postura refleja la preocupación en la sociedad actual y que las nuevas generaciones tendrán el desafío de crear un modelo social basado en la justicia sin depender de medidas extremas.
En este sentido, la labor es generar conciencia, promover alternativas y formar profesionales capaces de ofrecer soluciones integrales ante la violencia, concluyó Asael Ortiz.
