Guillermo Eduardo Lizama Carrasco, jefe del Área Académica de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), señaló que, a pesar de que el proceso de revocación de mandato del Titular del Poder Ejecutivo local no se completó, se obtuvieron lecciones valiosas que podrían fortalecer futuras implementaciones de este instrumento de participación si se atienden. El plazo para reunir el 10% del listado nominal y continuar con las fases cerró el pasado 05 de diciembre, pero solo se validaron 10 mil 92 firmas, lo que representa solo el 4% del umbral mínimo requerido. Diversos obstáculos, como factores políticos, legislativos, institucionales y sociales, impidieron alcanzar las 236 mil 529 firmas necesarias.
Uno de los principales obstáculos fue un diseño institucional deficiente que incluía requisitos y barreras de acceso excesivos, como un porcentaje de apoyo demasiado alto. Además, hubo falta de información para la ciudadanía sobre cómo participar, dónde firmar y cuáles eran los plazos, lo que dificultó el desarrollo del ejercicio. La falta de voluntad política también fue evidente, ya que el mecanismo solo se promovió discursivamente sin respaldo operativo e institucional. Las restricciones innecesarias, como la recolección de firmas solo a través de una aplicación móvil y la exclusión de ciertos grupos sin acceso a internet, también dificultaron el proceso.
Además, la incertidumbre generada por posibles reformas electorales, como la coincidencia con los comicios de 2027 y la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), complicaron aún más el panorama. Estos factores podrían poner en duda quién llevaría a cabo la revocación en el futuro y convertirla en un acto de simulación más que un contrapeso democrático real. Para evitar que la confianza en la democracia se pierda, Lizama Carrasco destacó la importancia de revisar lo sucedido, corregir errores, simplificar requisitos, brindar información clara y asegurar apoyo político y recursos en los próximos procesos de revocación para que sean transparentes, inclusivos y efectivos.
