Dentro de los próximos seis meses de 2026 en Hidalgo, se pondrá en marcha la nueva plataforma «Transparencia para el Pueblo», según confirmó Álvaro Bardales Ramírez, secretario de la Contraloría del gobierno estatal. Esta iniciativa surge como parte de la transición tras la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información de Hidalgo (Itahi), cuya extinción fue aprobada por el Congreso local el 17 de diciembre pasado.
La nueva plataforma se caracteriza por contar con una estructura más amplia, mayor capacidad operativa y presencia en distintos órdenes de gobierno. Se prevé que dicho organismo sea constitucionalmente facultado para dar servicio a los tres poderes del Estado, organismos autónomos, municipios, sindicatos y partidos políticos. También se contempla que los 84 municipios aprueben las leyes secundarias para que esta figura cuente con reglamentos propios y nuevos códigos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
El nuevo modelo, independiente de la Secretaría de la Contraloría, estará coordinado inicialmente por una estructura operativa de 10 personas, reubicando a los 37 trabajadores que operaban el Itahi en áreas de su competencia. Se espera que esta nueva estructura refuerce los procesos digitales, como la simplificación de trámites administrativos, y proporcione acceso público a la información.
En su primera etapa, «Transparencia para el Pueblo» dará acceso a las declaraciones patrimoniales de más de 130 mil servidores públicos de los gobiernos estatal y municipal, conectándose directamente al portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT) para enlazar automáticamente las declaraciones fiscales y así detectar posibles conflictos de interés.
Además, en fases posteriores se vinculará el Registro Público de la Propiedad, instituciones financieras y grandes empresas que enajenan propiedades, vehículos o bienes lujosos, para que el gobierno pueda recopilar toda esta información de manera eficiente. Este proceso se alinea con las políticas públicas promovidas por el gobierno federal para transparentar el quehacer institucional, en línea con el interés del gobernador Julio Menchaca Salazar de impulsar la simplificación administrativa e informativa para garantizar la transparencia institucional.
