El Congreso del Estado de Hidalgo deslinda a la diputada María Guadalupe Cruz Montaño del uso de recursos públicos destinados a gestión social. Estos recursos fueron entregados para atender necesidades sociales y apoyar actividades legislativas, conforme a la normativa vigente. Cada diputado es responsable directo de la correcta aplicación y comprobación de dichos recursos, según el Manual de normas establecido. Cualquier irregularidad debe ser investigada por la Contraloría Interna, respetando la secrecía y el principio de presunción de inocencia. El Congreso reitera su compromiso con la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, fortaleciendo los mecanismos de control interno para el beneficio de la ciudadanía.
El Congreso de Hidalgo niega responsabilidad sobre el uso de recursos por parte de una diputada local.
