La diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Partido del Trabajo (PT), ha propuesto una iniciativa que busca prohibir la gestación subrogada en el país. La propuesta contempla penas que van de seis a 17 años de prisión para quienes realicen, ejecuten, promuevan o faciliten estos procedimientos, así como para aquellos que contraten a la mujer gestante y buscan obtener la entrega del recién nacido.
Además, se prevé la suspensión de cinco a ocho años para los fedatarios públicos involucrados y, en caso de reincidencia, se añadirían seis años adicionales a la sanción. La iniciativa también establece que la prohibición de la gestación subrogada corresponde a la materia de salubridad general, ya que implica un acuerdo por el cual una mujer lleva en su vientre a un hijo por cuenta de otra persona o personas, con la intención de que el recién nacido sea entregado a quienes contratan el servicio.
Quienes dirijan, operen o administren establecimientos de salud donde se realicen estas prácticas podrían enfrentarse a penas de cuatro a nueve años de prisión, junto con multas que variarían de 10 mil a 15 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, además de la clausura definitiva del establecimiento. Las mismas sanciones se aplicarán a quienes gestionen agencias o despachos dedicados a la intermediación en la gestación subrogada.
La propuesta también incluye la adición de un artículo en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, definiendo la explotación reproductiva como un delito. Se estipulan penas de 15 a 25 años de prisión para quienes obtengan a una mujer para gestar con el fin de entregar al recién nacido a otra persona.
La mujer gestante sería considerada víctima y no se le imputarán los delitos previstos en la iniciativa. Se planea agregar un nuevo artículo al Código Penal Federal, proponiendo sanciones de ocho a 15 años de prisión para quienes entreguen o reciban a un recién nacido en cumplimiento de acuerdos de gestación subrogada, así como para aquellos que falsifiquen registros de nacimiento.
La iniciativa ha sido enviada a las comisiones unidas de Salud y de Justicia para su análisis, y a la Comisión de Derechos Humanos para su opinión.
