En una reunión ordinaria, los miembros del Consejo General del Instituto Estatal Electoral discutieron varios proyectos importantes. Uno de ellos fue sobre ajustes al presupuesto y aumento para el año 2025, para asegurar que el instituto pueda funcionar correctamente y empezar el proceso de revocación de mandato en la región. Durante la reunión, dirigida por la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, la secretaria ejecutiva del organismo, Dulce María Fosado Martínez, explicó que se necesitarán alrededor de 14 millones de pesos para la primera etapa de este proceso. Esto generó controversia entre los representantes de partidos de oposición. La funcionaria aclaró que la ley establece que las labores para el proceso deben comenzar el cinco de septiembre y que el instituto es responsable de organizar, desarrollar y contar los votos. También se aprobó por unanimidad un plan detallado para llevar a cabo el proceso de revocación, incluyendo fases de preparación, organización y ejecución, además de acuerdos de colaboración con el Instituto Nacional Electoral para garantizar transparencia en la recopilación y validación de firmas ciudadanas. Además, se presentó un informe sobre los acuerdos anteriores para cumplir con la transparencia y rendición de cuentas.