Los diputados del PRI están en desacuerdo con la nueva Ley Orgánica de la Armada de México porque consideran que pone en riesgo la autonomía de esta institución y la somete al control político del gobierno actual. Afirman que la ley no fue creada con la participación de la armada y busca más control político que profesionalización militar. Advierten que la presidenta tendría poderes excesivos para nombrar mandos, definir políticas y autorizar operaciones en ciberespacio sin regulación. El PRI defiende la autonomía de las Fuerzas Armadas y critica la militarización de funciones civiles del Estado, considerando que se vulneran los derechos humanos, la transparencia y el equilibrio de poderes. También expresan preocupación por la participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, como la administración de aduanas, donde ha habido corrupción. Rechazan la militarización de la vida pública y la falta de respeto a los derechos humanos, asegurando que seguirán comprometidos con la seguridad nacional, la democracia y las libertades civiles.
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