En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 27 de enero se presentó un reporte cívico en el que se destaca la solicitud de información realizada por la legisladora Verónica Martínez García a la Secretaría de Energía (Sener), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
La diputada requirió datos específicos sobre la cantidad de petróleo exportado durante los años 2024 y 2025, especialmente hacia Cuba, así como detalles acerca de las condiciones de precio bajo en las que se llevaron a cabo estas operaciones. En un Punto de Acuerdo, Martínez García solicitó que se informe detalladamente sobre los volúmenes de petróleo crudo y combustibles refinados exportados, desglosados por país de destino. Además, pidió conocer la base legal, administrativa y contractual que respaldó dichas exportaciones, los criterios técnicos y económicos empleados para priorizar las exportaciones frente al abastecimiento del mercado interno, así como la transparencia en los ingresos obtenidos por estas exportaciones, en especial las dirigidas a Cuba.
Asimismo, la legisladora exigió un análisis del impacto que estas operaciones tienen en la soberanía energética y en el precio final de las gasolinas que pagan los ciudadanos mexicanos. Enfatizó que la finalidad de esta propuesta no es cuestionar relaciones diplomáticas o comerciales con otros países, sino garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la gestión de una riqueza estratégica nacional, y si dicha gestión contribuye a reducir o aumentar el alto costo de los combustibles.
En concordancia, subrayó la necesidad de que las autoridades competentes aclaren la base legal, económica y administrativa que respalda el aumento de las exportaciones de crudo y combustibles, los ingresos generados, las condiciones comerciales en las que se realizan, y su impacto en el mercado interno de energéticos. Finalmente, recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los hidrocarburos pertenecen a la nación y que su aprovechamiento debe orientarse hacia el beneficio del pueblo de México, por lo que la política energética debe priorizar el abastecimiento interno, la estabilidad de precios y el fortalecimiento de la soberanía energética nacional.
