En relación con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública del Estado de Hidalgo 2024, es relevante destacar que todos los señalamientos se refieren a aspectos administrativos o solicitudes de aclaración, sin que hasta el momento exista alguna conclusión definitiva sobre daño patrimonial o acciones legales en curso. En este sentido, como es habitual en estos procesos de fiscalización, la ASF concede un plazo de 90 días para que las entidades proporcionen información adicional, documenten procesos y aclaren aspectos técnicos, los cuales serán atendidos de forma detallada.
En cuanto a situaciones específicas mencionadas: con respecto a la contratación de una empresa para realizar obras públicas, cuyos socios tienen relación familiar con un legislador, la observación se centra en la necesidad de ampliar la información acerca del proceso de adjudicación. A pesar de que el parentesco señalado no implica un conflicto de interés según la ley, la Contraloría estatal, dirigida por Álvaro Bardales, examinará y documentará minuciosamente el procedimiento para disipar cualquier duda al respecto.
En relación a los seguros para el campo y el ganado, el Gobierno del Estado cuenta con la documentación que respalda la contratación y los mecanismos de cobertura para los productores perjudicados, la cual será presentada nuevamente para su evaluación en el proceso de aclaración. Respecto a la solicitud de esclarecimiento sobre el esquema de nómina, se trata de un incentivo fiscal aplicable al sector público en términos de ISR, el cual se ejecuta conforme a la normativa a través de comprobantes fiscales y recuperaciones mensuales, siendo respaldado con los elementos técnicos correspondientes para demostrar su legalidad.
Por otro lado, en relación con los pagos cuestionados de aproximadamente tres millones de pesos en el ámbito universitario, estos corresponden a indemnizaciones y beneficios derivados de jubilaciones y terminaciones laborales, los cuales serán debidamente justificados ante la autoridad fiscalizadora. Por último, en el caso del municipio de Lolotla, la observación se deriva de la revisión de la asignación de recursos del FAISMUN, por lo que se continuará con el seguimiento correspondiente para esclarecer los hechos y, en su caso, emprender las acciones necesarias.
El Gobierno Estatal reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración absoluta con las entidades de fiscalización. Estas observaciones forman parte del proceso estándar de revisión y serán tratadas con responsabilidad, precisión técnica y apertura hacia la ciudadanía. Es fundamental enfatizar: «No se ha determinado daño patrimonial; se trata únicamente de aclaraciones administrativas.» «Se cuenta con un plazo de 90 días para documentar de manera transparente. «El proceso de fiscalización resulta efectivo cuando se examina y se aclara detalladamente».
