Proceso a José Luis por Trata de Personas y Explotación Sexual
La Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a proceso a José Luis «N» por su posible participación en los delitos de trata de personas y explotación sexual agravadas. Esto ocurrió después de que este individuo fue entregado en deportación, gracias a la coordinación con la oficina de enlace de HSI en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Mediante esta colaboración internacional, se logró la deportación controlada de José Luis «N» en el Puente Internacional Lincoln-Juárez, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde fue puesto a disposición de la autoridad que lo reclamaba. El Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), junto con personal de Interpol México de esta institución, acudió al sitio para recibir al individuo.
De acuerdo con las investigaciones, desde 2017, José Luis «N» habría sometido a explotación sexual a la víctima en Guerrero, Morelos, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Oaxaca y en Houston, Texas, en los Estados Unidos de América, situación que se prolongó hasta julio de 2024. Durante este tiempo, el imputado supuestamente se benefició económicamente de este ilícito.
La indagatoria señala que este hombre posiblemente golpeaba a la víctima cuando no recibía el dinero que deseaba por los actos a los que la obligaba, además de amenazarla con quitarle a sus hijos. Estos hechos fueron investigados exhaustivamente y, una vez que se contaron con diversos elementos, se solicitó la orden de aprehensión en su contra. Gracias a la colaboración internacional con autoridades de los Estados Unidos, se logró su deportación.
En la audiencia inicial, personal ministerial de la FEVIMTRA presentó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso, así como la prisión preventiva oficiosa. El juez fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. A José Luis «N» se le presume inocente, mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
