En 2025, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) informó sobre avances significativos en la modernización tecnológica, estandarización de procesos, certificaciones y capacitación para fortalecer la procuración de justicia. Durante su comparecencia ante el Congreso local, el encargado de la Procuraduría, Francisco Fernández Hasbun, resaltó que 19 áreas obtuvieron la certificación internacional ISO 9001:2015 en gestión de calidad. Asimismo, el Laboratorio de Armamento y Balística Forense logró la acreditación ISO-IEC 17020 por la Asociación Nacional de Acreditación de EE.UU., garantizando dictámenes periciales objetivos y con estándares internacionales. Gracias a la colaboración con la ATF de Estados Unidos y el uso del sistema e-TRACE, se identificó el origen de 271 armas de fuego, lo que contribuyó a resolver investigaciones, especialmente homicidios relacionados con grupos delictivos.
En cuanto a las demandas de extinción de dominio, se obtuvieron sentencias sobre vehículos, inmuebles y dinero en efectivo, valuados en un total de 8 millones 16 mil 579 pesos. Estos bienes, previamente vinculados a actividades delictivas, ahora forman parte del patrimonio público del estado en beneficio de la población de Hidalgo. Por primera vez en la historia de la administración estatal, la PGJEH logró una declaratoria judicial de abandono de 30 vehículos a favor del gobierno, de los cuales 16 fueron habilitados como patrullas para municipios de la entidad entre 2024-2025. Respecto al combate a la corrupción, se vinculó a proceso a 40 exservidores públicos, incluidos 7 exalcaldes, 10 exfuncionarios estatales y 23 municipales, logrando la reparación del daño por 46 millones 275 mil 148 pesos a favor de la administración pública.
Se destacó la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, que permitió combatir el robo de vehículos, logrando una disminución del 13.94% en comparación con el mismo periodo de 2024, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En materia de género, se vinculó a proceso a 1,246 personas generadoras de violencia sexual y contra la familia, se otorgaron 21,868 medidas de protección y se obtuvieron 295 sentencias condenatorias, 145 a través de juicio oral y 150 por procedimiento abreviado, con penas de hasta 56 años de prisión. Asimismo, se abordaron 16 de 20 carpetas de investigación por feminicidio, resultando en la vinculación a proceso de 17 personas y la obtención de 13 sentencias con penas de hasta 37 años y seis meses de prisión. Por primera vez en el estado, se logró una sentencia de 50 años por el delito de feminicidio.
Además, para garantizar una atención sin discriminación, se colaboró con SEIINAC en la elaboración del documento «Rutas para el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ del estado de Hidalgo», una herramienta para reconocer y ejercer los derechos de esta comunidad. La Procuraduría trabajó arduamente en el combate a delitos de alto impacto y la reducción de la impunidad. Con la creación de la Coordinación General de Unidades de Investigación de Delitos de Alto Impacto, se fortaleció la investigación de secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo y robo de vehículos. Se desarticularon 21 células delictivas, se impactó en grupos delincuenciales dedicados a la extracción ilegal de hidrocarburos y se aseguraron alrededor de 307 mil litros de combustible. También se llevaron a cabo 393 cateos, donde se decomisaron diversas drogas relacionadas con narcomenudeo y se judicializaron 341 carpetas de investigación, vinculando a proceso a 373 personas y obteniendo 57 sentencias condenatorias.
La Unidad Especializada en el Combate al Secuestro mantuvo su reconocimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Unidad Antisecuestro y Antiextorsión se consideró una de las mejores del país, siendo una unidad modelo. Durante el periodo, se lograron 25 sentencias condenatorias por secuestro agravado y extorsión, con penas de entre 50 y 160 años de prisión, así como el rescate de ocho víctimas y la judicialización de 11 carpetas de investigación. Durante el primer semestre del 2025, la entidad experimentó una reducción del 75% en los casos de secuestro en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La Agencia de Investigación Criminal se consolidó como una área estratégica para la investigación, reflejándose en la ejecución de órdenes de aprehensión, detenciones en flagrancia y el aseguramiento de armas de fuego, además de la producción de productos de inteligencia. Se anunció una inversión de 123 millones 320 mil 400 pesos para la implementación de un centro de datos de alto rendimiento que garantice el manejo eficiente y seguro de información sensible. Para asegurar el desempeño del personal ministerial, se dotó de 340 chalecos balísticos, esenciales para responder ante situaciones de riesgo.
En su mensaje final, Francisco Fernández Hasbun agradeció el compromiso del personal y afirmó que, a pesar de los riesgos físicos y emocionales, seguirán trabajando para garantizar sanciones y reparación del daño a las víctimas. Concluyó reiterando el compromiso de servir con integridad, respeto y justicia, sin lugar para abusos ni corrupción.
