Se aprueba reforma para combatir la extorsión en México
El Pleno de la Comisión Permanente aprobó la reforma propuesta por el diputado federal Rubén Moreira Valdez para combatir la extorsión, un delito que afecta a familias, comerciantes, productores y empresarios, debilitando la economía, inhibiendo la inversión y vulnerando el Estado de derecho. En el Punto de Acuerdo, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) trabajar en coordinación con las autoridades de las 32 entidades federativas para fortalecer las estrategias de prevención, atención y combate al delito de extorsión, especialmente en las regiones con mayores índices de este crimen.
Además, se aprobó el planteamiento de Moreira para llamar a las fiscalías generales de todo el país a mejorar sus capacidades de investigación y persecución penal en relación con la extorsión. Moreira Valdez señaló que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por extorsión aumentaron de 8,734 casos en 2019 a 10,227 en 2024, lo que representa un incremento cercano al 17 por ciento. Durante 2025, se registraron 11,081 víctimas, la cifra anual más alta en la última década.
El legislador indicó que las cifras oficiales solo reflejan una parte del problema, ya que la extorsión se encuentra entre los delitos con mayores niveles de cifra negra debido al temor de las víctimas a represalias, la desconfianza hacia las autoridades y la percepción de impunidad. En cuanto al impacto económico, destacó que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, elaborada por el INEGI, señala a la inseguridad y la delincuencia como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico en el país, generando costos directos e indirectos en pérdidas, gastos en protección y afectaciones a la operación de los negocios.
“Es necesario fortalecer la coordinación intergubernamental para combatir eficazmente este delito, consolidar mecanismos de prevención, denuncia, investigación y persecución penal, y fortalecer los esquemas de protección a víctimas y testigos”, agregó el líder priista. Subrayó que la lucha contra la extorsión requiere una política pública integral que aborde las causas estructurales de la violencia, fortalezca la presencia institucional en las regiones más afectadas y garantice a la ciudadanía condiciones efectivas de seguridad para trabajar, emprender y desarrollar sus actividades económicas.
