Propuesta de reforma busca sancionar vínculos de servidores públicos con el crimen organizado
El diputado federal del PRI, Christian Mishel Castro Bello, propuso reformar el Código Penal Federal para considerar como traición a la patria que los servidores públicos establezcan vínculos con el crimen organizado y que incurran en actos de corrupción relacionados con el uso ilegal de recursos públicos o un incremento injustificado de su patrimonio. La iniciativa plantea adicionar las fracciones XVI y XVII al artículo 123 del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer sanciones más severas para los funcionarios que utilicen su cargo para favorecer actividades delictivas.
De acuerdo con la propuesta, un servidor público incurriría en esta conducta si se le acreditan delitos relacionados con la delincuencia organizada, entre ellos ilícitos contra la salud, contrabando de hidrocarburos, secuestro o extorsión, siempre que emplee recursos provenientes de esas actividades en su actividad política. La reforma contempla una pena de hasta 40 años de prisión, además de una multa equivalente a seis años del salario percibido por el ejercicio del cargo público del que obtuvo provecho para desarrollar la actividad delictiva.
Asimismo, la iniciativa propone aplicar la figura de traición a la patria a los servidores públicos que incurran en responsabilidades administrativas y penales por la distracción, ejercicio u otorgamiento ilegal de fondos públicos para beneficio propio o de terceros, así como aquellos que no puedan acreditar de manera legítima un incremento en su patrimonio. En estos casos, la iniciativa plantea también una pena de hasta 40 años de prisión y multas que podrían alcanzar el monto de los recursos involucrados o del incremento patrimonial no comprobado.
El proyecto también contempla sanciones para particulares que obtengan beneficios derivados de estas conductas. Además de las penas previstas en la legislación vigente, podrían recibir una penalidad similar y una multa de hasta el 70 por ciento del beneficio obtenido.
Castro Bello argumentó que la propuesta busca contribuir a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en el servicio público, mediante sanciones a quienes utilicen sus cargos para establecer vínculos con organizaciones criminales o desviar recursos públicos. El legislador señaló que los actos de corrupción relacionados con recursos públicos no deben limitarse a quienes ocupan cargos gubernamentales, sino que también deben alcanzar a las personas físicas y morales que participen en estas operaciones y obtengan beneficios.
Como referencia, mencionó los casos de desvío de recursos registrados en años recientes, entre ellos el de Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), y sostuvo que este tipo de esquemas suelen involucrar intermediarios que participan en operaciones destinadas a aparentar legalidad en el manejo de recursos públicos.
