A cuatro años del gobierno de Julio Menchaca, la Contraloría estatal fortalece acciones contra la corrupción
A cuatro años del gobierno de Julio Menchaca Salazar, la Contraloría estatal refuerza sus acciones de prevención, investigación y sanción de conductas que afectan el patrimonio público, bajo una política de cero tolerancia hacia la corrupción y las irregularidades. Gracias a estas acciones, Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en denuncias penales por hechos de corrupción.
Durante este periodo, se llevaron a cabo acciones contra 25 exfuncionarios y 10 exalcaldes, resultando en la recuperación de más de 475 millones de pesos y la presentación de 95 denuncias por hechos de corrupción. En cuanto a responsabilidades administrativas graves, la Contraloría envió 51 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa, y 865 procedimientos sancionatorios relacionados con faltas administrativas llegaron a una resolución.
La vigilancia sobre proveedores y contratistas se mantiene como una prioridad. Los procesos de revisión resultaron en la depuración de 6 mil 895 registros irregulares y la sanción de 123 empresas que incumplieron con la legislación a través de la cancelación de sus registros. En el ámbito de auditación del gasto federalizado, se logró la solventación de más de mil millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación, además de 500 auditorías realizadas de manera directa en coordinación con la federación y despachos externos colegiados.
La Contraloría también implementa mecanismos para detectar posibles actos de corrupción en dependencias y organismos descentralizados. Uno de estos es el Usuario Simulado, que permite identificar posibles irregularidades en la prestación de servicios públicos y la actuación de servidores públicos. Asimismo, el Buzón Digital facilita a la ciudadanía la presentación de denuncias y el envío de evidencia ante posibles actos de corrupción.
En estos cuatro años del gobierno de Julio Menchaca, la Contraloría ha mantenido una estrategia integral para prevenir, investigar y sancionar las conductas que afectan los recursos públicos, siempre con apego a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Los resultados evidencian el compromiso de la administración estatal con el combate a la corrupción y la protección del patrimonio público, a través de acciones de vigilancia, fiscalización y sanción.
