La diputada Amalia López de la Cruz propone reforma para actualizar la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

La diputada Amalia López de la Cruz (Morena) busca reformar el artículo 2 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para armonizar esta legislación con lo establecido en el artículo 2° de la Constitución Política, incorporando la definición vigente de pueblos indígenas. La reforma plantea actualizar el concepto de lenguas indígenas para incluir que son aquellas que “proceden de las colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional y que conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”. También incluye aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación, como está señalado en el artículo dos de la actual Ley.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que las lenguas indígenas constituyen uno de los principales patrimonios culturales del país, ya que representan formas de conocimiento, tradiciones, cosmovisiones y sistemas de organización que han sido transmitidos de generación en generación. Destaca que México es una nación pluricultural con una de las mayores riquezas lingüísticas del mundo, al contar con 68 lenguas indígenas nacionales agrupadas en 11 familias lingüísticas y más de 364 variantes, por lo que la pérdida de una lengua implica también la desaparición de una forma única de comprender y relacionarse con el mundo.

En el documento, turnado a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, explica que, aunque la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce y protege las lenguas originarias, actualmente contiene una definición del término “pueblos” que no coincide plenamente con la establecida en el artículo 2° de la Constitución. Esta diferencia genera ambigüedades en la interpretación de los derechos lingüísticos y puede limitar el alcance de las acciones destinadas a garantizar su protección.

Subraya que las reformas constitucionales aprobadas en las últimas décadas han ampliado progresivamente el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, particularmente la reforma de 2024 que los reconoce como sujetos de derecho público con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Sin embargo, la legislación secundaria aún requiere ajustes para reflejar plenamente estos avances.

La propuesta también retoma datos que muestran la relevancia de la población indígena en México. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más de 39 millones de personas se identifican como indígenas y alrededor de 7.4 millones hablan alguna lengua originaria. No obstante, diversas lenguas enfrentan riesgos de desaparición debido a la disminución de hablantes y al debilitamiento de su transmisión entre generaciones. Con esta modificación se busca fortalecer la certeza jurídica, eliminar inconsistencias normativas y consolidar un marco legal que garantice de manera más efectiva los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios de México.

Propuesta para incluir la corporalidad en la ley contra la discriminación

La diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC) propone reformar la fracción III del artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objetivo de incluir la corporalidad y el peso corporal como motivos de discriminación. La legisladora afirma que las autoridades competentes deberán implementar medidas, programas y políticas públicas dirigidas a prevenir, atender y erradicar la discriminación relacionada con la corporalidad o el peso corporal.

La propuesta ha sido turnada a la Comisión de Derechos Humanos. En su exposición de motivos, se destaca que la discriminación es un fenómeno estructural que continúa afectando a millones de personas en México, limitando su acceso a oportunidades y derechos fundamentales. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2021-2022, el 23.7 por ciento de las personas de 18 años y más, es decir, uno de cada cuatro mexicanos, declaró haber sido víctima de discriminación o exclusión, siendo la apariencia física y el peso entre las principales causas.

La diputada señala que la discriminación relacionada con el peso y la apariencia física tiene un impacto particular en adolescentes y jóvenes. Un 28.5 por ciento de la población de entre 12 y 29 años manifestó haber sido discriminada en el último año, y dentro de este grupo, un 39.2 por ciento identificó su peso o estatura como la causa principal.

Argumenta que las formas de discriminación mencionadas en el artículo primero de la Constitución son diversas; sin embargo, no se especifica el tema de la corporalidad o la gordofobia, entendida como el odio, rechazo y violencia que enfrentan las personas gordas por su condición. Enfatiza la importancia de comprender que no es solo un problema individual, sino que está vinculado a estructuras sociales que promueven ciertos estándares de belleza sobre otros, generando un ambiente hostil para quienes no se ajustan a ellos y exponiéndolos a situaciones de discriminación, violencia física y psicológica.

Por lo tanto, afirma que es vital incorporar la corporalidad en el marco constitucional como un primer paso para visibilizar esta problemática y fomentar una cultura de respeto e inclusión.

Diputados de la LXVI Legislatura avalan acuerdo para fortalecer inclusión educativa en Hidalgo

En sesión ordinaria, las y los integrantes de la LXVI Legislatura aprobaron con 25 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, un acuerdo económico que exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo a fortalecer las estrategias de inclusión, accesibilidad y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en los niveles de educación básica y media superior. Este acuerdo fue promovido por la diputada Paloma Barragán Santos (Morena) y emitido por la primera Comisión Permanente de Educación. El legislador José María Alejandro Pérez Ramírez (Nueva Alianza) recordó que también se le solicita a la dependencia impulsar acciones de capacitación y actualización dirigidas al personal docente sobre herramientas digitales educativas, accesibilidad tecnológica y uso seguro de plataformas digitales.

Asimismo, se aprobó con 24 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, un acuerdo que exhorta a los ayuntamientos de las zonas metropolitanas en la entidad a involucrar a la comunidad científica y tecnológica en el desarrollo e instrumentación de proyectos metropolitanos. Este acuerdo fue emitido por las primeras comisiones permanentes de Asuntos Urbanos y Metropolitanos y de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La diputada Hilda Miranda Miranda (Morena) explicó que también se les solicita suscribir convenios de colaboración con el Colegio del Estado de Hidalgo para elaborar planes y programas metropolitanos, integrando conocimiento técnico especializado para el desarrollo de ciudades sostenibles, equitativas y eficientes.

En cuanto a iniciativas, los diputados Juan Pablo Escalante Urbán, Andrés Velázquez Vázquez, Miguel Ángel Moreno Zamora, Arturo Gómez Canales, Hilda Miranda Miranda, Lizbeth Iraís Ordaz Islas, Alma Rosa Elías Paso, Paloma Barragán Santos, Diana Rangel Zúñiga, María del Rosario Guerrero Martínez (Morena), Jorge Argüelles Salazar y José María Alejandro Pérez Ramírez (Nueva Alianza) presentaron una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo, con el objetivo de reducir la discriminación hacia las personas en condiciones de desplazamiento interno.

La legisladora María Guadalupe Cruz Montaño (PVEM) propuso una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Hidalgo, reconociendo el abandono de las personas adultas mayores que no puedan valerse por sí mismas como un delito, buscando proteger sus derechos humanos y sancionar penalmente a quienes las abandonen en condiciones de precariedad, insalubridad o peligro.

El diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal y la diputada Karla Perales Arrieta (MC) presentaron una iniciativa para modificar la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional de los ayuntamientos mediante el desarrollo normativo de la figura del oficial mayor. Por su parte, la legisladora Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación Superior, a fin de impulsar el desarrollo emprendedor de los egresados y proteger localmente patentes, proyectos de innovación y propiedad intelectual.

La diputada Yarabi González Martínez (Morena) propuso una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el objetivo de fortalecer las acciones hacia un parlamento sensible al género. La legisladora Paloma Barragán Santos (Morena) detalló otra iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, orientada a lograr los objetivos de desarrollo sostenible.

El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) presentó una iniciativa para modificar la Ley del Ejercicio Profesional, garantizando que el servicio social sea remunerado. El legislador Avelino Tovar Iglesias (PVEM) propuso una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Transporte, incorporando en las atribuciones de la Secretaría de Movilidad y Transporte la regulación de la circulación de vehículos de carga pesada mediante criterios técnicos y de seguridad vial.

Las y los diputados José Luis Rodríguez Higareda, Yarabi González Martínez, Julián Nochebuena Hernández, Aldo Meza Hernández, Tania Eréndira Meza Escorza, Diana Rangel Zúñiga (Morena), Claudia Lilia Luna Islas (PAN), Juana Olivia Alarcón Rivera y Mónica Leanett Reyes Martínez (Nueva Alianza) presentaron una iniciativa que reforma el Código Penal, incorporando el delito de acecho para proteger la libertad personal y la integridad de las personas.

La legisladora Tania Eréndira Meza Escorza (Morena) presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia Escolar, creando la figura de senderos seguros escolares para mejorar la seguridad y movilidad de la comunidad educativa.

En asuntos generales, los diputados Arturo Gómez Canales, Yarabi González Martínez, Aldo Meza Hernández (Morena), Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) y José María Alejandro Pérez Ramírez (Nueva Alianza) propusieron un acuerdo económico que exhorta a los 84 ayuntamientos a fortalecer la vacunación antirrábica y la esterilización de mascotas, en coordinación con las jurisdicciones sanitarias. También se presentó un acuerdo que exhorta a los ayuntamientos a mejorar la recolección de residuos sólidos y limpieza de espacios públicos para prevenir inundaciones en temporada de lluvias.

El diputado Aldo Meza Hernández (Morena) destacó el logro de Raúl Jiménez, el primer futbolista hidalguense en anotar un gol en la Copa Mundial 2026, resaltando su superación personal y éxito internacional.